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En medio de un escenario tensionado, debido a la campaña del referéndum constitucional cuyo fenómeno fue la plataforma en internet, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), Leonardo Loza, removió el avispero al proponer la regulación de las redes sociales en el país.
El solo anuncio generó repercusiones inmediatas en Facebook y Twitter, cuyos usuarios protestaron contra la propuesta a través de mensajes y memes. Al día siguiente, incluso Morales aludió a las redes sociales en sentido de que incidieron en los resultados del referéndum, que al final evitaron la modificación de la Constitución para una eventual repostulación suya y la del vicepresidente Álvaro García Linera en las elecciones generales de 2019.
La de Loza es una apuesta compleja e intrincada, como la explican especialistas en la materia consultados —para darle valor en este texto a la comunicación que encaminen esas tecnologías— por DM (direct messages, en inglés) o inbox (bandeja de entrada de mensajes privados) de la red Twitter.
Libertades. El investigador en Comunicación Política Pablo Andrés Rivero (en Twitter, @payorivero) halla dos ámbitos posibles y “complicados” de regulación: los contenidos de la misma red de internet y las actuaciones de los usuarios que rayen con “el racismo, la discriminación o el acoso (incluso la trata de personas)”.
Sobre lo primero, escribe que “es muy poco factible y altamente sensible, porque se estaría ingresando en la línea de restringir libertades”.
Los bolivianos y las bolivianas tienen derecho “a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”, establece el parágrafo 5 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Y con relación al segundo ámbito, Rivero cree que “hay que tener una mirada panorámica sobre cómo están operando esos delitos en medios y ámbitos públicos y privados, de los que, claro, no tendrían que excluirse a las redes sociales”.
El 22 de febrero, al día siguiente de la consulta, el presidente Morales denunció que fue víctima de post y tuits de usuarios en internet. “Quienes usan las redes sociales con mentiras están haciendo perder valores a las nuevas generaciones”, señaló en conferencia de prensa, al sumarse a la idea de regular esas plataformas.
Columnista de La Razón y ahora jefa de Gobierno Electrónico de la estatal Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AgeTIC), Eliana Quiroz (@e_liana), considera complicada la regulación. “Puedes elaborar normas para regular, controlar o vigilar las redes sociales, pero eso no determina el comportamiento de los usuarios”, cuestiona.
“Es decir, no se puede evitar que se publique algún contenido en internet en el ámbito de un país, porque si prohíbes la publicación en una plataforma, se comenzará a publicar en otra y luego en otra”, aclara.
Sin embargo, cree que se puede vigilar los contenidos y, a través de una figura de delito (aún no establecida en las leyes), sancionar a los usuarios que cometan actos ilegales en las redes sociales.
Aunque se encuentra en investigación, existe al menos un caso de delito en redes sociales que se indaga en la Justicia. Coincidentemente, antes y después del referéndum la exdirigente de las esposas de policías Guadalupe Cárdenas publicó un par de videos en Facebook en los que llamó a los efectivos policiales a movilizarse contra el Gobierno y acusó a Evo Morales de “narcotraficante y violador de mujeres”, extremos que derivaron luego en su detención, acusada de instigación pública a delinquir y sedición.
Al respecto, el periodista y ciberactivista boliviano Boris Miranda (@ivanbor), corresponsal de la BBC en Miami, opina que intentar regular las redes sociales implica “un balazo en el pie”. “Los comportamientos en redes sociales, muchas veces bochornosos, deben ser minimizados y asimilados por dinámicas estatales, institucionales y societales cada vez más democráticas, transparentes y abiertas”, reflexiona.
Así pareció entender Morales, que unos días después de fustigar la plataforma de internet reculó. “Vamos a respetar las redes sociales, pero no se puede mentir, difamar (...). Es una preocupación”, dijo al terminar una reunión de gabinete ampliado en Huajchilla, al sur de La Paz, el 26 de febrero.
Aunque su correligionario Loza insiste en que su organización diseñará una propuesta, considera que es necesario un análisis jurídico de la iniciativa.
Afirma que la CSCIOB cumplirá con su “responsabilidad” de trabajar en el proyecto de ley. Luego, “el Estado sabrá controlar o no”.
Loza cerró su cuenta de Facebook porque creyó que era un medio para los “ataques cobardes de la derecha”. Solo usa el celular y el WhatsApp para sus comunicaciones.
Ajeno a la situación boliviana, aunque preocupado por lo que sucede en el mundo, el recientemente fallecido Umberto Eco, quien fue semiólogo de trascendencia mundial y Premio Príncipe de Asturias 2000, había considerado a las redes sociales “la invasión de los idiotas”, que dan “derecho de hablar a legiones de idiotas”.
Invasión o no, aquéllas “llegaron para quedarse”, concluye el libro Comicios mediáticos II (José Luis Exeni, Verónica Rocha y Karina Herrera), que reflexionó sobre su papel en las elecciones de 2014. Por lo menos así lo entienden los más de 100.000 usuarios de Twitter en Bolivia (datos a 2002) y los 4,1 millones de Facebook (a marzo de 2016, según TIC para el Desarrollo), cifras proporcionadas por el ciberactivista Mario Durán (@mrduranch).
Fuente: La Razón.
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